El primer día del año un procedimiento en una precaria vivienda que hacía las veces de búnker en Riobamba al 5000 donde dos mujeres y seis varones fueron detenidos con 500 dosis de cocaína y 187 de marihuana. Fueron imputados en el marco de la nueva ley de narcomenudeo y la jueza María Trinidad Chiabrera resolvió entre otras cuestiones el derrumbe de la construcción donde funcionaba el quiosco de drogas, lo que se llevó adelante este jueves, el procedimiento estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.
Según la información fiscal en año nuevo ocho personas fueron detenidas por personal del Comando Radioeléctrico cuando, tras una persecución policial los sospechosos ingresaron a una precaria construcción de Riobamba al 5000 y las vías del ferrocarril. En el lugar se incautó alrededor de medio kilo de droga. Los envoltorios estaban en manos de Brian S. y Pablo F., según el parte policial, y en la casilla se encontraban Héctor R., Ismael G., Milton B., Marcelo V., Mariana C. y Flavia A.
En ese lugar, en febrero del 2023 mataron a Franco Emanuel Alegre, de 25 años, y dejaron herido a Jonatan M., de 33. Según la pesquisa las víctimas eran clientes del lugar y quedaron en medio de una balacera. Por el hecho hay un imputado.
Los detenidos en el búnker
Las ocho personas marcharon presas y cuatro días después fueron imputados por el fiscal Aníbal Vescovo por tener en su poder y/o disposición sin autorización o destino legítimo un total de 439 gramos de cocaína y 342 gramos de marihuana. Imputación que se hizo en base a la ley que habilita a la provincia la persecución del microtráfico.
Tras la imputación la jueza resolvió dejar en prisión preventiva por 90 días a tres de ellos: Brian S., Pablo F., y Héctor R. y los otros imputados se fueron en libertad con restricciones y debieron pagar una caución. Además hizo lugar al pedido fiscal de derribar las instalaciones utilizadas para la comercialización de los estupefacientes, lo que fue ordenado por la jueza.
El derrumbe
Esta última orden se cumplió este jueves cuando llegó al lugar personal del ministro de seguridad y Justicia que se encargó de cumplimentar la orden judicial y desmantelar el lugar ante la presencia de una fuerte custodia policial.
En el lugar estuvo presente el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien aseguró que “somos muy cuidadosos de cumplir con el mandato judicial de desactivar coercitivamente el punto de venta y bloquearlo físicamente sin afectar a ninguna persona no abarcada por dicha orden, pero también hay que destacar la importancia de tener policías en la calle, porque más allá de las derivas investigativas que está siguiendo la fiscalía, ésto se produjo por una intervención que se origina en una persecución de flagrancia de la policía motorizada y termina en un hallazgo casual de personas comercializando pequeñas cantidades de estupefacientes”, repasó.
El ministro destacó también que “nuestra política no es derrumbar por derrumbar, sino de tomar las medidas para desactivar el punto de venta e inactivar físicamente las instalaciones. Acá se opera en el sistema cautelar o coercitivo, pero lo fundamental para nosotros es intervenir de manera inmediata en la desactivación física del punto de venta”, reiteró.
Por último, Cococcioni agregó que “nos vamos a meter donde haya evidencia de que hay punto de venta porque no toda la gente que vive en un barrio es culpable de lo que haga el vecino; ésto se trabaja con la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo, porque el microtráfico no puede escindirse de lo que es una persecución macro de los estratos superiores de la comercialización de estupefacientes, pero sí la política es que esa investigación no puede obstaculizar la intervención directa en el territorio”.
