El propietario de una distribuidora ilegal en Exaltación de la Cruz fue arrestado tras ser acusado de alterar las fechas de vencimiento de productos alimenticios para hacerlos pasar como aptos para el consumo en redes sociales.
La investigación comenzó en octubre del año pasado a raíz de una denuncia anónima presentada ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. La denuncia alertaba sobre un establecimiento de distribución de alimentos adulterados ubicados en la localidad de Los Cardales, en el partido de Exaltación de la Cruz.
Según información proporcionada, los investigadores iniciaron un trabajo de campo y análisis de datos, lo que permitió identificar a un individuo que promocionaba la venta de productos como cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío que estaban vencidos o próximos a vencerse. Este individuo cambió las etiquetas originales para reintroducir los productos en el mercado, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Las pesquisas llevaron a los detectives a un domicilio en el barrio ‘Los Cardos’, donde se sospechaba que el detenido operaba una distribuidora que almacenaba y vendía al público los productos adulterados.
Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal de Campana, bajo la dirección de Adrián González Charvay, autorizó un allanamiento en el lugar, resultando en la detención del sospechoso.
Durante el operativo, se incautaron grandes cantidades de embutidos, pescados envasados, bebidas alcohólicas adulteradas, así como maquinaria de grabado láser, impresoras de etiquetas autoadhesivas, una camioneta utilizada para la distribución, una computadora, un teléfono móvil y documentación relevante para la investigación.
En el operativo participaron también el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.
El detenido, de 62 años, quedó a disposición del juez por infracción a la ley 26.524, que prohíbe el envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos.
