Un vasto operativo internacional, denominado “Aliados por la Infancia VI”, se llevó a cabo para investigar casos de explotación sexual infantil con fines de distribución. Durante esta acción, se realizaron más de 266 allanamientos en 18 provincias argentinas y en más de una docena de países de la región. Como resultado, más de 80 individuos fueron detenidos y se confiscó material digital relevante para el caso. Además, una funcionaria de Río Gallegos fue separada de su cargo por su vinculación con los hechos, ya que su domicilio fue objeto de uno de los procedimientos.
Los operativos fueron el fruto de una colaboración entre la embajada de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad de ese país y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la coordinación de Daniela Dupuy, fiscal especializada en cibercrimen.
En las distintas provincias argentinas donde se llevaron a cabo los allanamientos, se incautaron armas de fuego, dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital.
Particularmente en la provincia de Santa Cruz, se decidió apartar a Ivana Álvarez, quien ocupaba el cargo de directora del Centro Integrador Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, tras confirmarse su implicación en la causa.
La operación se desarrolló de manera simultánea en 18 provincias del país (incluyendo Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires) y se extendió a países como Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Brasil, Colombia, México, España, Francia, El Salvador y Perú.
