Durante sus intervenciones, los efectivos Maximiliano Aciares —miembro del Departamento de Trata de la PFA— y el comisario Marcelo Daniel Román desestimaron la posibilidad de que el niño se hubiera desorientado o caminado sin compañía desde el sector del naranjal tras el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024. Según lo expuesto en el tribunal, las evidencias y la experiencia técnica sugieren que a la víctima se la llevaron del lugar, aunque sin descartar de forma definitiva la línea investigativa de un eventual accidente, posibilidad mencionada inicialmente en el expediente por Macarena Peña, hija de Laudelina.
En relación con el entramado de sospechosos, las pericias telefónicas expuestas en la sala revelaron la existencia de vínculos previos entre la pareja conformada por Carlos Pérez y María Victoria Caillava con el comisario Walter Maciel, respaldados por registros fotográficos donde aparecen juntos.
Por otra parte, la nómina de declaraciones sufrió modificaciones debido a un planteo presentado por Rodolfo Baqué, defensor de la imputada Elizabeth Cutaia. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dio lugar a la impugnación del testimonio vía videoconferencia de Ramón Dupuy, titular de una entidad civil privada, al considerarse que la modalidad remota restaba espontaneidad al interrogatorio, por lo que su comparecencia debió ser reprogramada.
El proceso judicial continuará con el testimonio de cuatro convocados —entre ellos los miembros de fuerzas federales Ricardo Ramón Vázquez, Gabriel Arnaldo Pinolli, Aciares y Román, además de personal sanitario y funcionarios— para reconstruir las primeras tareas de rastrillaje y las maniobras vinculadas al contingente hospedado en un complejo hotelero tras la desaparición del menor, cuyo paradero permanece incierto desde mediados de 2024.
