La Justicia Federal de Chaco avanza en la causa penal contra ocho efectivos de la División Operaciones Metropolitanas de la Policía provincial, acusados de sustraer casi diez kilogramos de cocaína que estaban destinados a ser incinerados en un operativo oficial. Los fiscales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg solicitaron condenas de entre 8 y 15 años de prisión para los imputados.
El hecho investigado ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en el marco de un procedimiento de quema de estupefacientes programado en el Polígono de Tiro de la Policía de Chaco. Según la reconstrucción de la fiscalía, los efectivos involucrados aprovecharon la logística de traslado desde la balanza de pesaje hasta la caja de una camioneta particular para ocultar nueve ladrillos de cocaína —con un peso total de 9,490 kilos— en el asiento trasero del vehículo y en la mochila de uno de los agentes.
La maniobra fue advertida por el secretario del Juzgado Federal N° 2 de Chaco, quien detectó inconsistencias en el volumen del cargamento y ordenó realizar un control de pesaje. Tras constatar un faltante de un kilo en una de las cajas respecto de las actas de secuestro iniciales, la autoridad judicial dispuso el registro del vehículo oficial, donde se hallaron los panes de droga ocultos.
En el marco de la investigación se incorporaron escuchas y transcripciones de mensajería instantánea en las que los involucrados coordinaban la sustracción de la sustancia, su posterior colocación en el mercado ilícito e incluso la posibilidad de confeccionar réplicas de yeso para reemplazar el material incautado.
Las peticiones de pena alcanzan al comisario Rubén Héctor César Alegre —señalado por la fiscalía como presunto organizador de la maniobra—, al subcomisario Franco Andrés Ramírez, al sargento Gustavo Jesús Acosta, a los cabos primeros Gustavo Andrés Quizama y Juan Nicolás Almirón Núñez, y a los cabos Néstor Ariel Urne Canteros, Gastón Villalba y Francisco García. La acusación formal comprende los delitos de peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por el número de participantes y por su condición de funcionarios públicos.
