Una investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, al descubrió una estructura criminal dedicada a la captación de identidades vulnerables para el lavado de dinero proveniente del juego clandestino virtual por un monto superior a los 27 mil millones de pesos. Por la maniobra permanecen detenidos la funcionaria del Poder Judicial bonaerense Albertina Mangini, junto a Mauro Perrotta, Ignacio Leonel Marchioni y Cristian Alejandro Scigliano, en tanto que otros dos imputados se encuentran prófugos con pedido de captura internacional.
La causa se inició en agosto de 2024 a raíz de una irregularidad detectada en las oficinas del Patronato de Liberados en La Plata, donde Mangini se desempeñaba como coordinadora del Ministerio Público Fiscal. Según la instrucción, la funcionaria aprovechaba el contacto con personas en proceso de reinserción social o en situación de vulnerabilidad para ofrecerles sumas de dinero a cambio de sus datos personales y el escaneo de sus datos biométricos. Estas identidades eran utilizadas para la apertura fraudulenta de cuentas en billeteras virtuales y entidades bancarias como Ualá, PayPal y Brubank.
La red utilizaba estas cuentas “mula” para recibir, fraccionar y transferir fondos generados por plataformas de apuestas ilegales sin levantar alertas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los peritajes financieros determinaron que la organización operaba bajo un sistema de pequeñas transacciones codificadas y utilizaba aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar los pagos. En el marco de este esquema, el imputado Marchioni registró movimientos brutos por más de $27.149 millones mediante empresas proveedoras de servicios de pago y operadoras financieras.
Los acusados se encuentran imputados por defraudación mediante el uso indebido de datos, lavado de activos agravado y asociación ilícita, contando en el caso de Mangini con el agravante de su condición de funcionaria pública. Asimismo, la Justicia mantiene vigentes las órdenes de detención y la notificación roja de Interpol contra el analista de sistemas Juan Ignacio Campoli Sillero y el empresario financiero Catriel Taubenschlag, quien abandonó el país con destino a Sudáfrica antes de la concreción de los allanamientos dispuestos por el juez de Garantías N° 6, Agustín Crispo.
