Ante la ola de amenazas de posibles tiroteos en las escuelas, varios distritos resolvieron hacer cargo a las familias por los costos de los operativos de seguridad y los perjuicios que generan.
El gobierno de Santa Fe tomó esa decisión, al calcular que el esfuerzo económico de un despliegue policial en un establecimiento operativo oscila entre los cinco y seis millones de pesos por procedimiento.
“No se trata de una broma, se trata de un delito”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni, quien precisó que, una vez comprobada la responsabilidad, los involucrados o sus familias deberán afrontar los gastos generados por la movilización de recursos policiales, bomberos y equipos de emergencia.
En la provincia, la semana pasada se registró un pico de amenazas en establecimientos educativos de la provincia, con 65 denuncias en un solo día, la mayoría mediante carteles en baños escolares. Cococcioni recordó que estos hechos son punibles, y que ya hay varios detenidos a disposición de la Justicia tras los allanamientos realizados el pasado viernes. Además, señaló que pueden dejar antecedentes negativos para los involucrados para solicitar permisos de viaje o certificados.
“Ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía”, señaló el titular del área Seguridad de Santa Fe, en una rueda de prensa. “Los procedimientos incluyen aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos con el objetivo de identificar a los responsables”, agregó. El funcionario apuntó sobre la existencia de un “efecto copycat”, una dinámica por la que la viralización de amenazas dificulta distinguir entre falsas alarmas y casos verosímiles, lo que obliga a mantener el nivel de alerta.
La provincia de Corrientes dio el aviso que avanzará con una medida del mismo tenor. La jefatura de Policía emitió un comunicado tras recientes amenazas en escuelas, subrayando que no tolerarán intimidaciones ni incitaciones a la violencia. La fuerza remarcó que estos hechos serán investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino y que los padres o tutores pueden ser responsables civiles por los daños ocasionados por menores, según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial.
“los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”.
Desde la Policía correntina se explicó que la gravedad de cada caso determinará la aplicación de sanciones en los ámbitos penal, civil o contravencional. “Estamos viendo una situación de emergencia y la Policía mantiene una postura de tolerancia cero”
En ese marco, anticipó que la edad de los involucrados no exime la intervención del sistema judicial. “La mayoría son menores de edad, pero eso no los coloca fuera de las consecuencias. Los padres tampoco están ajenos a lo que ocurre con sus hijos”
Días atrás, la Justicia de Mar del Plata también dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán afrontar los gastos de los operativos policiales y posibles daños. La medida fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y comunicada a los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata.
La intención era evitar que el ciclo escolar continúe afectado por estos episodios. “Queremos empezar el lunes de otra forma”
hasta el momento había al menos 10 episodios registrados y ya fue imputado un adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública. Se investiga si hay relación con retos virales.
Fuentes del gobierno porteño indicaron a este medio que no se aplicaron sanciones económicas para padres o tutores de los niños y adolescentes que hayan protagonizado amenazas en los últimos días. Sí desplegaron otro tipo de acciones y medidas coordinadas con la Justicia.
En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció esta mañana que desde el primer momento la Ciudad aplicó el protocolo del Ministerio de Educación para estos casos.
“No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito”
Ante las alertas, Macri convocó a su equipo y se definieron “líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. La cartera educativa ya venía aplicando el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, vigente desde el año pasado.
