La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento de 11 personas acusadas de conformar una organización dedicada al desvío sistemático de armas de fuego desde canales legales hacia el mercado ilícito. La causa, instruida en el Juzgado Federal de Campana por el juez Adrián González Charvay, tuvo su origen el 26 de julio de 2024 a partir de una denuncia formulada por la ANMAC (actual RENAR), en la que se alertó sobre la adquisición aparente de armamento por vías reglamentarias para su posterior volcado a circuitos informales.
El análisis de la operatoria surgió tras una revisión exhaustiva de usuarios registrados que, entre enero de 2022 y el inicio del proceso, adquirieron al menos cinco armas en lapsos reducidos de tiempo. A partir de esa muestra, los investigadores detectaron inconsistencias notorias entre los ingresos económicos declarados por los compradores y el caudal de armamento comprado.
Sumado a ello, se comprobaron coincidencias en domicilios, líneas de contacto y gestores intervinientes en los trámites, además de irregularidades recurrentes vinculadas a locales comerciales del rubro y operadores registrales, junto con inconsistencias en los lugares declarados para la guarda y en la documentación oficial presentada. Estas anomalías derivaron en la identificación de 147 casos sospechosos y la realización de 38 inspecciones, en 35 de las cuales se constataron anomalías graves.
El material recolectado permitió reconstruir la existencia de una red estructurada que adquiría, registraba, transfería y hacía circular armamento de forma coordinada. Para ello empleaba una logística integrada por usuarios interpuestos, gestores, personal de comercios de venta de armas y agentes de organismos de control estatal.
El 22 de abril de 2025, la Policía Federal llevó a cabo 140 allanamientos en los que se efectivizaron múltiples detenciones, entre las que figuran las de Ricardo Javier Mascato, Martín José Núñez, el policía Walter Claudio Nahuel Moreno, Maximiliano Herminio Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzati, Daniel Ribeiro, Yanina Micaela Ribeiro, Daniel Niver Iglesias, Roberto Daniel Rean, Pablo Augusto Iannarelli y el funcionario de la ANMAC Fernando Héctor Rodríguez. En una jornada posterior, también resultó aprehendido Juan José Fogliani.
Los acusados se encuentran imputados por los delitos de asociación ilícita (con la figura agravada de organizador atribuida a Mascato) y por las infracciones previstas en el artículo 189, inciso 4 del Código Penal, ambos en concurso real. Adicionalmente, Moreno suma una acusación agravada por su condición de funcionario público.
En este estadio procesal, la Sala concluyó que el estudio del comportamiento de los implicados reveló un patrón operativo uniforme: compra recurrente de armas, utilización de datos de terceros, falsificación de información y severas inconsistencias para justificar la tenencia del material. En varios casos, tras ser objeto de inspecciones u operativos policiales, los sospechosos procedieron a radicar denuncias por presuntos robos con el objetivo de justificar la ausencia del armamento que figuraba asentado a sus nombres. La investigación descubrió además un importante flujo financiero entre los involucrados que coincidía con las fechas de transferencia del material.
Según consta en las actuaciones, de las 700 armas registradas a nombre de los distintos usuarios bajo investigación, únicamente 20 fueron halladas en poder de sus titulares al momento de los procedimientos.
La acusación sostiene que la red operaba dividida en tres núcleos funcionales: locales comerciales que vendían o intermediaban en los traspasos, certificantes que convalidaban las presentaciones registrales y usuarios irregulares que obtenían la tenencia legal como paso previo para volcar el material al circuito clandestino. En dicho esquema, el exfuncionario de la ANMAC, Rodríguez, y el oficial de la Policía de la Ciudad, Moreno, quedaron señalados por certificar documentación que habilitaba las operaciones irregulares.
Al evaluar las conductas individuales, la Cámara consideró que Mascato —señalado como organizador— participó activamente en las operaciones de compraventa, en la captación de prestanombres, en las gestiones ante los entes de control y en la formulación de falsas denuncias de robo. Por su parte, Núñez fue identificado como un operador clave de las transferencias y colaborador directo de Mascato a través de escuchas telefónicas.
Asimismo, el tribunal ratificó el procesamiento de Daniel Niver Iglesias, propietario de un local del rubro, por su intervención en certificaciones y transacciones, como así también el de Yanina y Daniel Ribeiro por transferencias reiteradas hacia usuarios irregulares y por su rol en la inscripción de nuevos supuestos legítimos usuarios.
Respecto de Rodríguez, la resolución confirmó su procesamiento al determinar que brindó colaboración activa valiéndose de su cargo institucional y su rol de gestor, cobrando contraprestaciones económicas por emitir certificaciones.
El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y el secretario Darío Emmanuel Figueiras, confirmó también la situación procesal de Moreno por las sistemáticas convalidaciones y transferencias concretadas en su carácter de oficial policial, además de las de Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Juan José Fogliani, Mirta Vanesa Lazzati y Roberto Daniel Rean por sus desempeños como usuarios, gestores e intermediarios de la red.
En contraste, la Cámara decidió revocar el procesamiento y el embargo que pesaban sobre Iannarelli, al considerar que no se reunieron elementos de prueba suficientes que permitan vincularlo dolosamente con la maniobra, por lo que dispuso su inmediata libertad.
Por último, los camaristas dejaron firmes los embargos trabados sobre los bienes de los acusados por la suma de 100 millones de pesos para cada uno y de 120 millones de pesos en el caso de Mascato, medida justificada en la gravedad del hecho, el volumen de armamento involucrado y su cotización en el mercado informal.
