El juez federal Adrián González Charvay resolvió procesar y trabar un embargo de 300 millones de pesos a Sebastián Favre, de 49 años, en una causa por defraudación mediante abuso de confianza. La investigación judicial se centra en la utilización no autorizada de una aeronave ligera Piper PA-24 Comanche 180 que se hallaba bajo custodia en el hangar propiedad de Favre, ubicado sobre Colectora Norte a la altura del kilómetro 83 de Zárate.
El expediente penal se inició en octubre de 2021 tras la presentación efectuada por los propietarios de la nave. La empresa damnificada argumentó que el imputado únicamente disponía de las llaves del vehículo aéreo para realizar maniobras internas y encendidos de mantenimiento. Sin embargo, el 22 de agosto de 2021, durante las restricciones de circulación dictadas por la pandemia, la avioneta se precipitó a tierra en la zona de las Sierras de las Ánimas, cerca de la ciudad uruguaya de Maldonado, provocando el deceso de sus dos tripulantes, Kevin Alonso Raggio —instructor en el predio de Zárate— y Pamboukdjian Acevedo.
De acuerdo con las actuaciones tramitadas con la intervención del Ministerio Público Fiscal y las tareas de campo concretadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el vuelo partió desde el aeropuerto de San Fernando con destino a Punta del Este sin el conocimiento de los titulares del rodado. La finalidad del trayecto era trasladar a dos pasajeras que habían contratado un servicio aéreo ofrecido de forma irregular por redes sociales por un monto de mil dólares. Para habilitar la partida ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se presentó documentación con permisos de mando apócrifos adjudicados al dueño del Piper, tramitados por un gestor que operaba en una firma de servicios aeronáuticos.
Las pesquisas permitieron reconstruir que la jornada previa al siniestro Favre coordinó la presencia del rodado en San Fernando y acompañó a la tripulación el día del despegue, retirándose por vía terrestre antes de la partida. En su presentación por escrito ante el juzgado, el imputado adujo que existía una autorización expresa de Diego Lanús —socio de la firma propietaria y piloto— para comercializar o utilizar la aeronave como medio de pago por deudas acumuladas por el servicio de guarda. Sin embargo, la magistratura rechazó los descargos de la defensa al no hallarse acreditados los permisos comerciales ni la validez de las cesiones alegadas.
Paralelamente a su situación judicial en el fuero federal, Favre fue denunciado por la Asociación Vecinal Nordelta y afronta una causa criminal por maltrato animal. La imputación se originó tras ser registrado efectuando disparos con un arma de aire comprimido contra carpinchos en el patio de su finca, procedimiento que derivó en un allanamiento policial para el secuestro del elemento utilizado y en la aplicación de sanciones administrativas por parte del barrio privado.
