Un jardín de infantes comunitario de la localidad bonaerense de Villa Trujuy, en el partido de Moreno, quedó bajo investigación policial y judicial luego de que un operativo realizado el martes por la noche culminara con la detención de un hombre armado y el hallazgo de armas de fuego y cartuchos de diversos calibres en el predio, incluso dentro de las aulas destinadas a los alumnos. El establecimiento, denominado Mi Ilusión, brindaba educación inicial a entre 40 y 50 niños de entre 3 y 5 años, pero según denuncias de vecinos y allegados a la institución, fuera del horario escolar era utilizado como aguantadero para desarmar automóviles con pedido de captura, acopiar estupefacientes y recibir a personas vinculadas a maniobras ilícitas.
El procedimiento se desencadenó durante la noche del martes, cuando un hombre que residía en el lugar cumpliendo funciones de sereno comenzó a efectuar disparos. Al arribar al inmueble, los efectivos policiales debieron reducir al sospechoso, quien intentó resistirse al arresto esgrimiendo un cuchillo. Durante la requisa se incautaron armas y municiones, aunque en una inspección posterior los propios denunciantes exhibieron cartuchos que aún permanecían dispersos en el interior de una de las salas donde los menores asistían a clases.
De acuerdo con el testimonio de Ariel, hijo de la fundadora del jardín, los episodios de violencia, detonaciones al aire y presencia de individuos que acudían a reclamar deudas o adquirir drogas se iniciaron meses atrás, tras el ingreso del sereno, a quien señaló como pareja de la actual directora del espacio, Nancy Beatriz Lamas. Asimismo, el denunciante acusó a Lamas de haberse aprovechado del delicado estado de salud de su madre —quien sufrió varios accidentes cerebrovasculares— para apropiarse de la conducción del establecimiento mediante firmas falsificadas, mientras que la directora habría negado estar al tanto de las actividades ocurridas en el lugar.
Por su parte, las familias de los alumnos expresaron su alarma y reclamaron la intervención de las autoridades educativas y municipales ante la ausencia de controles. Una de las madres advirtió que ya había alertado previamente a la dirección sobre los antecedentes del sujeto y sobre la existencia de una restricción perimetral por amenazas en su contra, sin que se impidiera su permanencia en el predio. En medio de la incertidumbre sobre dónde continuarán la escolaridad los niños, los padres exigen explicaciones oficiales para determinar cómo el centro educativo operó durante meses bajo esas condiciones.











