Una investigación iniciada tras detectarse licencias de conducir con domicilios inexistentes compartidos por personas sin vínculo entre sí derivó en la desarticulación de una red criminal dedicada a la elaboración y venta de documentación oficial con datos apócrifos. La causa está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, conducido por María Servini, con la Secretaría N° 2 a cargo de Hugo Gonzalo Mendieta.
La pesquisa llevada adelante por la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) estableció que la organización operaba principalmente desde un establecimiento gastronómico situado a metros de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Martín. La maniobra consistía en captar clientes a través de redes sociales para ofrecer la emisión de Documentos Nacionales de Identidad y Licencias Nacionales de Conducir a personas que presentaban impedimentos médicos, antecedentes penales graves o inhabilitaciones por infracciones de tránsito, eludiendo los controles biométricos, técnicos y médicos requeridos. Para ello, utilizaban cambios de radicación inexistentes y domicilios de fantasía.
En el marco de una serie de allanamientos que incluyeron sedes administrativas de las municipalidades de San Martín y Ezeiza, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y domicilios en la Ciudad de Buenos Aires y las localidades de Bernal, Moreno y Zárate, se detuvo a 11 personas —seis hombres y cinco mujeres— bajo los cargos de asociación ilícita y falsificación de documento público. Durante el operativo, 39 empleados de las áreas de tránsito involucradas fueron demorados preventivamente para el secuestro de más de 50 teléfonos celulares, tras lo cual recuperaron la libertad.
Entre los arrestos concretados, un hombre fue reducido tras intentar agredir al personal policial con un arma blanca durante un procedimiento en Villa Maipú, mientras que otro de los sospechosos fue interceptado en una terminal aérea al arribar al país desde Perú, mediante la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el organismo migratorio nacional.
En los procedimientos se secuestró material técnico e informático, dispositivos de cobro, legajos, registros de turnos, material audiovisual y unidades de documentación apócrifa. La reconstrucción de la estructura organizativa, que habría generado cerca de 200 trámites irregulares, se fundamentó en escuchas telefónicas, tareas de campo y análisis de transferencias bancarias.
