En un fallo dictado por la jueza Fanny Siriani, la Justicia tucumana condenó a Diego Zerda a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor del delito de instigación al suicidio en concurso real con amenazas simples. La resolución dió por acreditada la responsabilidad del imputado en la muerte de su expareja, Karla Robles, quien se quitó la vida durante una transmisión en directo por la plataforma TikTok, así como en las posteriores intimidaciones dirigidas a un hermano de la víctima.
En los fundamentos de la sentencia se estableció que Zerda actuó con dolo directo, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de la joven para manipularla y persuadirla de forma sistemática mediante mensajes intimidatorios y amedrentamientos. La hipótesis respaldada por el tribunal coincidió con la reconstrucción elaborada por la Unidad Especializada de Homicidios I —encabezada por el fiscal Pedro Gallo y las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Paula Ponce—, que dio cuenta de un historial de violencia física y psicológica ejercido por el imputado desde el año 2022.
El trágico hecho aconteció el 24 de octubre de 2025, cuando la víctima inició un vivo en redes sociales donde expuso los padecimientos sufridos y se despidió de sus allegados antes de atentar contra su vida. Durante y inmediatamente después del suceso, amigas de la joven intentaron intervenir y lograron rescatar capturas de pantalla de las conversaciones. De acuerdo con las pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), mientras la víctima fallecía, Zerda borraba mensajes del chat y posteriormente formateó su teléfono celular para destruir evidencia, maniobra que fue reconstruida gracias al material aportado por las testigas.
A los pocos minutos de consumado el hecho, el condenado envió un mensaje de voz amedrentando a Lucas Robles, hermano de la joven, amenazando con represalias contra la familia para evitar acciones en su contra. La fiscalía y la querella, representada por el abogado Augusto Avellaneda, habían solicitado penas superiores de hasta seis años de prisión; sin embargo, la magistrada fijó la escala en cuatro años y medio al ponderar un cuadro de consumo problemático que padece el imputado como atenuante. En tanto, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la prórroga de la prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz por cuatro meses para garantizar el cumplimiento de la pena hasta que la sentencia adquiera firmeza.
