Avanza en los tribunales porteños la causa penal contra el escritor Hernán Casciari y los responsables de la firma Orsai Audiovisuales. La presentación ante el Juzgado N°34, encabezado por la magistrada Laura Bruniard, fue derivada para su instrucción a la fiscal Mónica Cuñarro tras la acusación formal efectuada por un grupo de 15 personas querellantes.
El letrado querellante Ariel Gil Ces ratificó la denuncia que compromete al autor de Más respeto que soy tu madre. El expediente analiza la maniobra mediante la cual los damnificados volcaron fondos en dólares para proyectos de películas con la promesa de participar en las ganancias como socios productores. Según consta en las presentaciones judiciales, los denunciantes aseguran no haber recuperado el capital apostado: un caso testimonia el retorno de apenas 28 dólares sobre mil aportados, mientras que otro registra la devolución de 47 dólares sobre una inversión inicial de 2.600. Asimismo, las actuaciones señalan que los términos contractuales no habrían estado disponibles al momento de operar en la plataforma web del emprendimiento, sino que fueron entregados con posterioridad ante insistentes reclamos.
El esquema de financiamiento —que operaba a través de cobros cripto y cuentas bancarias en Uruguay— proponía un “reparto proporcional”. No obstante, las acusaciones remarcan que se incentivó de manera pública a la audiencia a destinar ahorros bajo la premisa de una alta rentabilidad y escaso riesgo. En las últimas horas, la función para efectuar transferencias en el portal web de la productora dejó de prestar servicio.
Dentro de los elementos probatorios incorporados se destacan contratos correspondientes al plan “Cinco Pelis” lanzado en 2023, enfocado en el desarrollo de guiones asociados a las figuras de Pedro Saborido, Tamara Tenembaum y Felipe Pigna, iniciativa de la cual surgió una producción audiovisual basada en el futbolista Emiliano “Dibu” Martínez. En los textos presentados ante los tribunales se detallan irregularidades tales como falta de rendiciones económicas completas, ausencia de presupuestos desglosados por rubro, modificaciones de costos sin justificación y decisiones ejecutivas adoptadas sin los mecanismos de consulta prometidos.
Hasta el momento, la fiscalía evalúa si los hechos encuadran en el delito de estafa o en el de administración fraudulenta por abuso en el manejo de intereses ajenos. Por su parte, la defensa de Casciari atribuyó las pérdidas a los vaivenes propios del negocio cinematográfico y negó de forma rotunda la existencia de intenciones de dolo o maniobras ilícitas.
