El rastreo por geolocalización de un teléfono sustraído durante un show masivo derivó en el allanamiento de un centro comercial en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, donde personal de la Policía de la Ciudad incautó 49 aparatos, de los cuales 34 registraban pedido de secuestro activo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El operativo, ordenado por la jueza Alejandra Provitola a instancias de la fiscalía a cargo de Marcelo Munilla La Casa, expuso el circuito comercial detrás de los hurtos sistemáticos en eventos musicales.
El caso testigo se inició tras la denuncia de un asistente a un recital del grupo Divididos en el estadio de Ferro, quien aportó la señal emitida por el sistema GPS de su dispositivo Apple. La coordenada condujo a los efectivos hasta la feria Copacabana, sobre la calle Evaristo Carriego, un paseo donde operan diversos locales de reparación técnica. En el lugar fueron aprehendidas cinco personas imputadas por integrar una asociación ilícita dedicada al encubrimiento y reducción de bienes ilícitos, dictándoseles embargos de hasta $20 millones. Sin embargo, la Sala V de la Cámara de Apelaciones revocó las prisiones preventivas por falta de mérito al considerar insuficiente la carga probatoria sobre el delito de organización criminal.
El fenómeno de los descuidistas o “pungas” se repite con frecuencia en estadios de fútbol y complejos de eventos de la ciudad. Recientemente, durante la presentación de la banda Iron Maiden en el estadio de Huracán, múltiples espectadores reportaron la sustracción de sus teléfonos inteligentes en la zona cercana al escenario. Antecedentes similares registraron detenciones por parte de la División Prevención en Eventos Masivos: en septiembre de 2025, un hombre de 39 años domiciliado en Lanús fue interceptado en el Parque Sarmiento tras un show del grupo Limp Bizkit ocultando trece dispositivos amarrados en una calza debajo del pantalón. Procedimientos análogos se repitieron en presentaciones en Mandarine Park y en el barrio de Villa Crespo, involucrando a sospechosos identificados como Nahuel S., Damián G. y Cristian R., todos atrapados con varios equipos en su poder a la salida de los predios.
Los investigadores señalan que el valor que reciben los ejecutores materiales en la vía pública ronda los $50 mil por unidad, destinándose los aparatos principalmente al desarme y venta de repuestos debido al bloqueo de seguridad que poseen los sistemas operativos. Asimismo, en algunos expedientes se investigan fraudes bancarios derivados: en uno de los casos vinculados al predio de Villa Celina, los delincuentes ingresaron a la aplicación financiera de la víctima para transferir medio millón de pesos hacia una cuenta a nombre de un tercero en el barrio Villa Jardín.
En el ámbito civil y legal, la proliferación de sustracciones genera dilemas para las empresas organizadoras respecto a la responsabilidad de seguridad en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Mientras que en los tribunales no existen imputaciones vigentes contra personal de admisión o control por facilitar el ingreso de los delincuentes, algunas salas de espectáculos y locales nocturnos comenzaron a aplicar medidas preventivas particulares, tales como requerir a los asistentes que exhiban el dispositivo móvil desbloqueado al momento de retirarse del establecimiento.
