La investigación judicial por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes, concentra sus esfuerzos periciales en determinar la escena primaria del hecho y el orden temporal en que se produjeron las lesiones corporales, mientras se aguardan los resultados complementarios de la autopsia. El expediente cuenta con cuatro imputados detenidos por su presunta vinculación con el ataque —Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón—, además de Ernesto Bordón, quien permanece privado de su libertad por el delito de falso testimonio, sin descartarse nuevas medidas de detención en las próximas horas.
En el marco de la causa, el abogado que representa a la familia de la víctima, Gustavo Briend, calificó el episodio como un hecho sádico y sostuvo que Godoy fue sometida a torturas antes de morir desangrada. Según expuso la querella a partir del relevamiento de las evidencias, las heridas cortopunzantes distribuidas en diversas partes del cuerpo reflejan una búsqueda intencional de sufrimiento y evidencian diferencias en cuanto a las armas empleadas, la mecánica de corte y las posiciones de ejecución, lo que sustenta la hipótesis de que habrían intervenido distintas personas en la agresión. Asimismo, el letrado planteó la posibilidad de que la docente haya permanecido cautiva durante varias jornadas y sufrido las lesiones en momentos sucesivos.
Dentro del cuadro de sospechosos, la representación legal situó a Irineo Zarza en un rol de liderazgo sobre los peones, con facultades para adoptar resoluciones y coordinar al grupo de trabajo. Desde esa perspectiva, la querella postula la existencia de una estructura organizada no solo para consumar el ataque físico, sino también para planificar la posterior eliminación de rastros en el terreno. En esa línea, se remarcó que el análisis de los perfiles psicológicos de los imputados resultará una pieza clave para la instrucción frente a indicios de disfrute en la provocación de dolor a la víctima.
La agenda procesal contempla el avance de audiencias testimoniales e indagatorias relevantes para precisar las responsabilidades individuales, entre las que figura la comparecencia de Rosa Leguizamón, además de las declaraciones fijadas para Joaquín Leguizamón, hermano de la detenida, y su esposa, Gisela Leguizamón. En paralelo, los peritos judiciales cotejan los estudios forenses y las pruebas materiales para reconstruir la cronología completa del crimen e individualizar con precisión el sitio exacto en el que se perpetró el femicidio.
